Un proyecto de ley inadmisible:

El fabuloso negocio transnacional de los anticonceptivos y del aborto

Enrique Vargas Soto

Los “dueños” de la vida, la IPPF (Federación Internacional de Paternidad Planificada), representante de las multinacionales farmacéuticas, interesadas en la venta de anticonceptivos, quieren imponerle al país una “nueva moral”y una “nueva cultura”. Incrustada en Naciones Unidas (ONU) , la IPPF ha logrado de la ONU un “estatuto consultivo”y a su amparo decide todo lo relacionado con población. Para ello le sirven especialmente el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. La premisa de esta Federación es que la población frena el desarrollo económico. Y según el prestigioso economista inglés Colin Clark, la población es el principal factor de desarrollo.

La IPPF y Costa Rica. Así, la IPPF nos concede el “derecho humano” del desconocido sexo con “placer”, que ha de ser “seguro”; o sea, consumiendo anticonceptivos. Por eso espera una venta de 12.600 millones de dólares para el 2010, la suma de 880 millones de “parejas usuarias de contraceptivos” en el 2015 y cuenta con 178 “filiales nacionales”, incluida Costa Rica. Nuestro país ofrece contribuir con el Proyecto de Salud Sexual y Salud Reproductiva, contenido en el expediente N.º 16.887, que ya pasó del N.º 150 al N.º 16 de la agenda legislativa. Es un calco de la ideología pro abortista de esa Federación y emplea el mismo lenguaje subliminal o indirecto, que oculta con palabras la verdad de sus propósitos. Para mayor información al respecto pueden consultarse las siguientes obras: IPPF, la multinacional de la muerte, de Jorge Scala, profesor en la Universidad de Córdoba, Argentina; El complot demográfic o, del sociólogo y periodista Ricardo Cascioli, quien asistió a la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994). Esta Conferencia fijó los nuevos ejes de los alcances mercantilistas de las multinacionales farmacéuticas, hermanadas al Banco Mundial en el antinatalismo. También puede consultarse El aumento de la población, del citado economista Colin Clark, exprofesor de Oxford (Inglaterra).

Siete diputados. Desde que se generalizó el negocio del aborto (1973), la ganancia de 10 años, en Estados Unidos, fue de 30.000 millones de dólares. Lo dice el Dr. Bernard Nathanson, llamado el “rey del aborto”. Su libro se titula La mano de Dios. Hoy, es un incansable defensor de la vida. Afirma: “No tengo remilgos en emplear esta palabra: el aborto es un crimen”. La diputada (de la Unidad) que más ha manejado el proyecto es doña Helena Chacón Echeverría, interesada en adicionarle un nuevo capítulo a la Ley de Salud N.º 5395, de 30 de noviembre de 1973. Acogen el proyecto dos politólogos: José Merino del Río y Alberto Salom Echeverría, jefe de fracción del PAC, más dos diputadas independientes y tres legisladores de Liberación.

Regresión demográfica. Con la regresión demográfica que le han infligido al país, el pago de pensiones está en peligro. Cada pensión del Seguro Social depende de la cotización de 14 trabajadores activos. Hoy, este número ha bajado a la mitad, de conformidad con el estudio de la firma auditora mexicana Nathal Actuarios y Consultores, contratada por la Superintendencia de Pensiones (Supen), como consta en La Nación del 9-8-09. Y ahora la Asociación Demográfica Costarricense, filial de la IPPF, quiere ir más allá y expresa que “no solo es importante dar métodos para tener menos hijos (…), sino garantizar la calidad de vida con productos de planificación” ( La Nación , 10-8-09). Para sumarse a estos designios de la referida Federación Internacional, el proyecto sustituye las leyes antropológicas o naturales de la persona, calificadas de “patrones socioculturales tradicionales”, para jugar libremente con los conceptos de “feminidad” y “masculinidad” y “eliminar” “prejuicios” y “discriminaciones”. En tal forma quedaría aprobado el matrimonio entre homosexuales, o lo que se quiera (artículo 40 del Proyecto). La reforma legal contempla, a su vez, la “anticoncepción de emergencia” (artículo 49), un microaborto disimulado.

Constitución Política. Cabe la esperanza de que los legisladores no se hagan eco, como sí lo han hecho algunos medios de comunicación, de que en Costa Rica se practican “28.000 abortos ilegales por año”. Ninguna cifra convalida legalizar semejante crimen. Además, esa cifra es falsa por una elemental razón: primero, porque casi nadie se acusa de sus propios delitos, y, segundo, porque, en consecuencia, no se cuenta con estadísticas fidedignas.

Ojalá nuestros diputados no duden en respetar la claridad y contundencia del artículo 21 de la Constitución Política: “La vida humana es inviolable”. Porque la vida es origen y cuna de todos los derechos.

El aborto, por el contrario, es un típico antiderecho humano. Es muy ilustrativa al respecto la obra Los derechos del hombre del reconocido tratadista español José Castán Tobeñas. Ya lo decía el presidente de la República, don Óscar Arias, con motivo del conflicto hondureño, que cuando no se avanza se retrocede.

Pero cuando se “avanza” mal se retrocede peor. Costa Rica debe proseguir por los caminos de la dignidad humana, no por descaminos. El proyecto de ley es inadmisible, y políticamente haría crecer el abstencionismo, altamente peligroso para el régimen democrático en vigor.

Tomado de ‘La Nación’ del Viernes 21 de agosto de 2009.